Resulta evidente que a nivel de políticas públicas, desde hace poco más de 10 años, la idea de fomentar la actividad emprendedora ha ido tomando cada vez más fuerza entre las distintas instituciones del Estado.
También es un hecho que la actual administración ha explicitado de forma clara su satisfacción cuando alguna cifra que da cuenta del aumento del quehacer emprendedor se expresa en alguna estadística oficial.
No hace mucho tiempo, en la Cumbre del Emprendimiento organizada por la ASECH, el Presidente Sebastián Piñera expresaba su regocijo con el dato de crecimiento en el número de empresas (u obtención de nuevos RUTs comerciales) en el último año en nuestro país, aprovechando entonces de estimular a una audiencia compuesta en su mayoría por hombres y mujeres que se auto calificaban como emprendedores, a seguir avanzando en ese camino. Es decir, motivando a todo aquel que aún no ha dado el gran paso hacia la independencia, a hacerlo. Aprovechando, a su vez, de aportar nuevos sustantivos al habitual discurso del esfuerzo, pasión y capacidades de resiliencia indispensables para el desarrollo de dicho proceso.
Ahora bien, no cabe duda que en la base del análisis que da origen a este artículo subyace un debate aún no resuelto respecto a establecer a qué, efectivamente, nos referimos hoy cuando hablamos de emprendimiento y por lo mismo, a definir si toda forma de actividad independiente o de empleo por cuenta propia puede ser considerada como una acción emprendedora. Lo que a simple vista, parece resolverse casi siempre de forma favorable.
Sobre lo anterior, me asisten inmediatamente dos reflexiones:
Uno, es evidente que en tiempos de una Cuarta Revolución Industrial, donde la automatización de una serie de procesos devengará en la extinción de un importante porcentaje de los empleos formales hoy existentes (algunos hablan de cifras entre el 30 y 40% para los próximos veinte años), la necesidad de desarrollar nuevas formas de creación de valor hace indispensable el fomento a las capacidades, habilidades y conocimientos para que un importante número de personas pueda llegar hacia el futuro a generar los ingresos indispensables para satisfacer sus necesidades de una forma que se alejará, cada vez más, de la idea de un trabajo asalariado con ingresos y horarios regulares en el tiempo.
Si bien lo anterior podría asociarse a una mirada hacia adelante en el tiempo, los datos oficiales con los que hoy día contamos, ya dan cuenta de un hecho esencial.
Según la encuesta del INE que midió la actividad emprendedora el año 2017, en nuestro país existe cerca de dos millones de personas que se definen a sí mismos como micro emprendedores. De estos dos millones de microemprendedores, un 83% son trabajadores por cuenta propia. Es decir, la gran mayoría de estos emprendimientos supone el desarrollo de actividades, fundamentalmente, de subsistencia (el 49% de estos micro-emprendedores alcanzan ganancias que solo llegan a los $257.500 mensuales), las cuales se ejercen en muchos casos a partir de circunstancias de desempleo estacional o prolongado (el 58% de los encuestados por el INE declara que su motivación para emprender fue «por necesidad»). Por lo mismo, se podría hipotetizar que un volumen significativo de estos micro-emprendedores puestos ante la alternativa eventual de emplearse nuevamente en condiciones de mayor seguridad económica y posiblemente también, de mejores ingresos, se inclinaría por dicha opción.
El tema es que todo indica que buena parte de esos empleos que hoy en día se están perdiendo, muy probablemente no se van a volver a generar nunca más, en una forma equivalente a lo que requieren hoy, en términos de conocimientos y competencias necesarias para su ejercicio.
El segundo punto nos abre a la posibilidad de entender por qué el actual fomento al quehacer emprendedor por parte del Estado supone también hacer la vista gorda con una serie de actividades que, bajo un manto que cubre desde la precariedad e informalidad laboral, hasta operaciones ejercidas derechamente al margen de todo marco regulatorio, también son caracterizadas como «emprendimientos».
La razón es bastante obvia (y naturalmente comprensible). Ningún gobierno, independiente de su color político va a ejercer acciones decididas a eliminar el ejercicio de la conducción de vehículos particulares para el transporte público por parte de personal sin ninguna capacitación, ni mucho menos, verificación de competencias. Como tampoco, regular los sistemas de reparto a domicilio, ejercidos muchas veces por conductores sin siquiera documentación regular para el manejo de motocicletas, las cuales además, circulan habitualmente sin patente o permiso de circulación, lo que está también relacionado con que se trata de vehículos no homologados, es decir, que derechamente no cuentan con autorización para circular por las calles de nuestro país.
Porque simplemente, eliminar la operación de plataformas como Uber, Cabify, Didi y otras similares, supone que sus actuales «socios – conductores» pasen a engrosar inmediatamente las filas de la cesantía oficial, lo que al menos en la Región Metropolitana supone un incremento de 1,5 a 2 puntos porcentuales. Si a eso le agregamos todos los repartidores de las plataformas de delivery, ahí tenemos otro punto, con lo cual el desempleo que en el Gran Santiago bordea los 7 puntos, pasaría a los dos dígitos. Ningún gobierno, da lo mismo su signo, va a asumir el costo político de reconocer ese aumento en las cifras de cesantía. Ninguno.
Lo anterior, independientemente si se quiere reconocer o no, es la principal razón por la cual, más allá de la discusión legislativa de algunas normas más bien cosméticas, las plataformas digitales de transporte o delivery jamás serán reguladas en una forma que suponga un riesgo para su continuidad o existencia.
Por lo mismo, volviendo a la pregunta que da título a este artículo. Cuando repartimos aplausos en cumbres como la citada inicialmente ante el «crecimiento de la actividad emprendedora» ¿no deberíamos también estar reflexionando ante el difícil tránsito que un importante número de compatriotas está enfrentando en la forma de cesantía y una imposibilidad de recolocación laboral que no les deja otra opción que lanzarse a «emprender»?
O cuando en muchas otras instancias equivalentes se ofrece a buena parte de estos candidatos e emprendedores, básicamente frases motivacionales repletas de clichés y carentes de todo fundamento técnico, apelando a que la supuesta pasión por lo que se hace sería el elemento determinante en el éxito de un proyecto, ¿no deberíamos hacernos cargo también de la precariedad laboral en la que muchos de ellos caerán, con un costo social enorme en términos de la discontinuidad en sus aportes previsionales, el cual aún no hemos podido dimensionar en términos de su impacto en el futuro?
Porque claro, saltar de alegría al escuchar que cada día «somos más emprendedores» es una cosa. Mientras que generar un ecosistema basado en un modelo social y económico que facilite a quienes tomen dicha opción el que puedan iniciar un proceso hacia el desarrollo de capacidades para la generación de ingresos de forma autónoma, sin abrazar a su vez, un camino hacia la desprotección social y una vejez fuertemente empobrecida, es claramente otra muy distinta.